Establecer nuevas áreas naturales protegidas no es malo. Todo lo contrario. Pero crearlas al vapor, sin un adecuado sustento científico y legal, sólo por razones políticas y para presentarse ante el mundo con una imagen de protector de la naturaleza, es no sólo malo sino pésimo. Tal es el caso de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, cuya creación fue anunciada recientemente por el gobierno federal, que tal como andan las cosas en materia de protección ambiental, corre el riesgo de ser sólo una reserva de papel, decretada para el lucimiento del gobierno de Peña Nieto con miras a la décimo tercera Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica —COP13 para abreviar—, de la que México será sede en diciembre de este año y a la cual se espera asistan más de diez mil delegados de todo el mundo, incluidos desde luego gran número de científicos y altos funcionarios, amén de una nutrida cantidad de periodistas.

Juan José Morales

BahiaAkumal

La propuesta creación de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, que —al menos en el papel— agregaría un 20% a la superficie de áreas naturales protegidas de México, es tan sólo un juego de cifras para que Peña Nieto pueda decir al término de su mandato en 2018 que las ANP ya cubren el 17% de la superficie terrestre del país y el 10% de sus mares. En la foto, la bahía de Akumal, importante playa de anidación de tortugas marinas.

Decimos lo anterior porque resulta paradójico y contradictorio que —como hemos señalado varias veces en los últimos meses—, el gobierno federal esté recortando drásticamente los presupuestos, el personal, el equipo y los suministros para la vigilancia de las actuales áreas naturales protegidas, y al mismo tiempo pretenda crear de un plumazo una nueva ANP, y para colmo de enormes dimensiones: más de 5.6 millones de hectáreas, de las cuales más de 5.5 millones marinas y 116 mil terrestres.

Esa nueva reserva abarcaría una extensa franja que comprende prácticamente la totalidad de las aguas marinas del estado de Quintana Roo, más una porción de tierra firme y humedales, desde el municipio de Lázaro Cárdenas en la costa del Golfo, hasta el de Othón P. Blanco, en la frontera con Belice. Sus más de 5.5 millones de hectáreas equivalen a más del doble de la superficie total de la Reserva de la Biósfera Sebastián Vizcaíno, en la porción media de la península de la Baja California, actualmente la mayor de México, que no llega a 2.5 millones de hectáreas.

Uno se pregunta: quién y cómo va a vigilar esos 5.6 millones de hectáreas marinas y terrestres de la nueva reserva —una superficie mayor que la de Costa Rica— cuando las áreas protegidas ya existentes tienen sólo un remedo de vigilancia a cargo de sólo un puñado de inspectores y científicos que sufren además la crónica falta de embarcaciones, vehículos, combustible y otros elementos de trabajo, debido a los masivos recortes de personal y presupuesto decretados en el curso del último año por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Todavía puede señalarse algo más: de las 177 ANP actualmente existentes en el país, casi la mitad ni siquiera tienen plan de manejo, ya sea porque aún no se elabora —cual es el caso de casi la tercera parte de ellas— o porque existe pero todavía no se publica en el Diario Oficial para que entre en vigor. Y no hablamos sólo de áreas de reciente creación, sino incluso de algunas con diez o veinte años de vida. Eso, por lo demás, sin contar los casos en que existe plan de manejo pero no ha sido actualizado en mucho tiempo pese a los cambios en su situación.

Es dentro de ese panorama de carencias, deficiencias e ineficiencia, recorte de recursos, despido de técnicos, científicos y personal de campo y otras muchas limitaciones, que el gobierno de Peña Nieto quiere exhibir ante el mundo una nueva y colosal reserva de la biósfera, creada —literalmente hablando— de un plumazo. Porque será otra reserva de papel más. Sólo existirá en el documento con la firma presidencial.

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CongresoQRA mi correo llegó un interesante documento sobre el gobierno de Quintana Roo: el “Dictamen con minuta de decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la cuenta pública del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014”.

Como se sabe, ese instituto de largo nombre, llamado IPAE en forma abreviada, es la dependencia —encabezada por el propio gobernador y el secretario de Hacienda— que controla todos los terrenos, edificios y demás bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado. Por tanto, sus cuentas deben ser revisadas y en su caso aprobadas o rechazadas por el congreso estatal.

Juan José Morales

Pues bien, de acuerdo con el dictamen en cuestión, los legisladores que lo elaboraron no encontraron la menor mácula en las cuentas del IPAE durante el año pasado. Les pareció absolutamente normal que, habiendo gastado menos de nueve millones de pesos en la construcción de cinco obras, haya perdido en ese lapso más de 160 millones.

En efecto, en el dictamen se asienta que el IPAE tuvo ingresos por 157.8 millones de pesos en números redondos, pero egresos por $318.4 millones. Hecha la resta correspondiente se llega a ese resultado: una pérdida de $160.6 millones.

¿Dónde fue a parar esa millonada? Misterio. En las —a juicio de los legisladores— claras e impecables cuentas del IPAE, aparece un obeso renglón de egresos que suman poco más de esa cantidad, por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

¿A quién, cómo y por qué se transfirió, asignó, subsidió o ayudó? No se especifica. Si se intenta buscar información en el rubro del portal del IPAE marcado “Destinatarios de recursos públicos”, la respuesta es: “NO APLICA debido a que el Instituto no ha hecho entrega alguna de recursos públicos.” Idéntica respuesta se obtiene en el portal de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. Cabe entonces preguntarse: si lo transferido, asignado, etc., no provino de recursos públicos, ¿de dónde vino ese dinero?

Tenemos así el misterioso caso de 160 millones de pesos que no se sabe de dónde vinieron ni a manos de quién fueron a parar.

Pero todavía hay más. En las cuentas del IPAE aprobadas por los diputados miembros de la comisión de hacienda, en el rubro Otros Gas-tos y Pérdidas Extraordinarias aparece una también muy obesa partida de más de $45.2 millones por concepto de Disminución de Inventario de Mercancías para Venta.

¿Qué mercancías eran? ¿Por qué disminuyó el inventario? ¿Hubo un incendio, una inundación o un maremoto que las destruyera? ¿Fue-ron robadas? El asunto también está envuelto en el misterio. Sobre todo porque lo que maneja el IPAE no son mercancías sino bienes inmuebles. Y la disminución del inventario no es cosa menor. No se trata de unos cuantos cientos o miles de pesos, sino de más de 45 millones. Sin embargo a los diputados y diputadas les pareció enteramente normal que se esfumaran. A su juicio, las cuentas que rindió el IPAE “presentan en forma razonable (su) situación financiera” y por lo tanto, “esta Comisión que dictamina considera procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen”.

Aprobada, pues.

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Otro despojo de un valioso terreno de playa, ahora en perjuicio de los habitantes de Puerto Morelos, se está cocinando en las más altas esferas del gobierno de Quintana Roo. Se trata de la intentona de clausurar la secundaria técnica pesquera del lugar, a todas luces con el propósito —según las sospechas generalizadas— de vender el extenso predio que ocupa, y que por hallarse situado a orillas del mar, en pleno centro de la población y con 250 metros lineales de playa, se presta para hacer un jugoso negocio inmobiliario.

Por Juan José Morales

Materialmente en ruinas se encuentran los edificios de la secundaria técnica pes-quera de Puerto Morelos como resultado del abandono en que deliberadamente los ha mantenido durante lustros el gobierno de Quintana Roo con el evidente propósi-to de justificar su cierre y la venta del terreno. A los gobernantes no parece impor-tarles lo que piensen de las escuelas mexicanas los turistas. Lo que importa es el suculento negocio inmobiliario que están preparando.

Materialmente en ruinas se encuentran los edificios de la secundaria técnica pesquera de Puerto Morelos como resultado del abandono en que deliberadamente los ha mantenido durante lustros el gobierno de Quintana Roo con el evidente propósito de justificar su cierre y la venta del terreno. A los gobernantes no parece importarles lo que piensen de las escuelas mexicanas los turistas. Lo que importa es el suculento negocio inmobiliario que están preparando.

La clausura de la escuela ha sido disfrazada de “reubicación”. La Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, que encabeza José Alberto Alonso Ovando, alega que el edificio está muy deteriorado y que no hay nuevas inscripciones para el plantel, por lo cual es mejor trasladar al alumnado a una escuela de nueva creación situada varios kilómetros tierra adentro, donde actualmente habita la mayoría de los vecinos de Puerto Morelos.

Ambas cosas —pésimo estado de las instalaciones y escasez de alumnos— son ciertas. Pero lo que no se dice es que ambas son resultado de una deliberada política gubernamental para acabar con la escuela.

En efecto, aulas, talleres, instalaciones hidráulicas y sanitarias, el sistema eléctrico y en general todos los edificios, equipos e instalaciones de la escuela se encuentran en lamentables condiciones, tanto por el deterioro natural debido al uso y el paso del tiempo como por los daños causados por tormentas y huracanes, en especial el Wilma, en 2005. Pero si se hallan en tal estado es porque en más de una década las autoridades no movieron un dedo para repararlas y darles mantenimiento adecuado. La maniobra era evidente: dejar que se arruinaran para poder declararlas inservibles, sacar de ellas a los alumnos y vender el terreno.

En cuanto a la falta de inscripciones, lo que ocurre es simplemente que la SEyC no las acepta. Cuando los padres tratan de inscribir a sus hijos para el nuevo ciclo escolar, que se inicia en agosto, no son aceptados y se les informa que deberán registrarlos en una escuela de nueva creación.

Sin embargo, dicen los padres de familia, a pesar de sus reiteradas preguntas, nadie —ni el propio secretario de Educación— ha dicho cuál es esa nueva escuela y dónde está ubicada. Los distintos funcionarios simplemente responden con evasivas e incluso el secretario dijo que la hasta ahora inexistente escuela podría comenzar a funcionar “en aulas móviles”.

No es esta la primera vez que el gobierno de Quintana Roo echa mano de una sucia artimaña para liquidar un establecimiento educativo y vender el terreno a particulares en muy turbias condiciones. Un caso anterior fue el del antiguo albergue juvenil del CREA en Cancún, que tras estar largo tiempo abandonado fue rescatado por la Universidad del Caribe, la cual gestionó y obtuvo un presupuesto especial del gobierno federal para convertirlo en hotel escuela. Pero a poco de iniciadas las obras, el proyecto fue truncado por el anterior gobernador, Félix González Canto, quien canceló el proyecto universitario y vendió el terreno a un misterioso comprador en una operación envuelta en el más absoluto secreto.

Los habitantes de Puerto Morelos consideran a la secundaria técnica parte del patrimonio de la comunidad, y están decididos a impedir este escandaloso despojo. Piden, con mucha razón, que en vez de acabar con ella so pretexto de su deterioro, se reconstruya, amplíe, modernice y dote de suficiente equipo para seguir ofreciendo una educación acorde con las necesidades de los jóvenes del lugar.

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PedroCancheEn la cárcel de Carrillo Puerto, Quintana Roo, se encuentra recluido desde hace 7 meses Pedro Canché Herrera. Fue detenido el 30 de agosto del año pasado, acusado de sabotaje contra las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de esa ciudad. Con sus acciones —se decía en la acusación y en las informaciones difundidas por el gobierno del estado— puso en “riesgo la prestación del servicio a más de 17 mil familias de la cabecera municipal y 75 comunidades del área rural, además del equipo de la dependencia”.

Por Juan José Morales

Vistas así las cosas, podría uno imaginar a Canché deslizándose al amparo de la noche, con los ojos inyectados en sangre, embozado en negra capa y con sombrero de anchas alas calado hasta los ojos al más puro y caricaturesco estilo del clásico anarquista del siglo XIX, llevando consigo una poderosa carga de dinamita para intentar volar la planta de bombeo y los tanques de almacenamiento de CAPA. Pero no contaba con la astucia de la policía quintanarroense —que como se sabe, no tiene rival en eso de prevenir delitos— y sus malévolas intenciones fueron oportunamente frustradas.

La realidad, sin embargo, es decepcionantemente prosaica. El “sabotaje” del que se le acusa consistió en una manifestación en las oficinas de la comisión para protestar por los cobros en el servicio. No hubo daño alguno. Ni tan siquiera un vidrio roto. Pero, según las autoridades, el delito de sabotaje se tipifica porque él incitó a los manifestantes, y debido a la aglomeración de gente no pudieron desarrollarse normalmente las labores administrativas.

Como se ve, el asunto es tan risible que bien merece ser incluido en un anecdotario de lo chusco. Sin embargo, a Pedro Canché le ha costado cinco meses y medio de prisión, más los que se acumulen. Porque estamos ante una de esos típicas triquiñuelas legaloides a que con frecuencia recurren las autoridades: acusar a alguien de un delito grave para que no pueda obtener la libertad bajo fianza y someterlo a un interminable proceso hasta que, meses después, desvanecidos los cargos por falta de pruebas, es finalmente dejado en libertad. Y como también bien se sabe, en esto de alargar procesos son muy duchas nuestras autoridades judiciales. El resultado de tales maniobras es que el acusado, aunque sea inocente, pasa largo tiempo en prisión. Y por añadidura, no pocas veces es sometido a torturas sicológicas, malos tratos de las autoridades carcelarias y agresiones por parte de otros presos, como afirma Canché que ocurre en su caso.

De hecho, su liberación es casi segura, pues —según informa la abogada Araceli Andrade— las pruebas presentadas en su contra, y que consistían casi exclusivamente en declaraciones de testigos, se han ido desmoronando una tras otra. De los siete testigos, seis ya desconocieron sus declaraciones, diciendo que fueron hechas bajo presión. El séptimo, un policía judicial, simplemente no se presenta a las audiencias, para que el juez pueda fijar una nueva mucho tiempo después y seguir prolongando el proceso.

Canché ejerce ese tipo de periodismo popular independiente y crítico a través de las redes sociales que ahora se ha puesto en boga y que mucha gente practica; no sólo periodistas aficionados sino incluso profesionales que encuentran cerrados los grandes medios de comunicación controlados por el gobierno y los monopolios informativos. Por eso su encarcelamiento ha recibido la atención de periódicos, revistas y organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, que lo califican de represalia por sus críticas al gobernador.

En respuesta, durante las últimas semanas periodistas ligados al gobierno del estado han realizado una campaña para desacreditar a Canché diciendo que no es periodista. Pero el meollo de la cuestión no es ese. A fin de cuentas, no importa si es o no periodista. Lo importante es la manera como se le llevó a la cárcel y se le mantiene tras las rejas. Después de todo, los derechos humanos no son sólo para periodistas.

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Desde 2013 circula, pero no se le ha dado suficiente difusión, un interesante libro: “¿Quién gobierna Quintana Roo? Estudio de una élite política local”, de Tania Libertad Camal Cheluja, catedrática e investigadora de la Universidad de Quintana Roo.

Decimos que no se le ha dado suficiente difusión porque, aun cuando se trata de una obra de gran valía, analítica y producto de una acuciosa investigación, que no sólo contiene información muy bien fundamentada sobre el devenir político de esa entidad, sino también un sólido sustento teórico, y pese a que fue publicada conjuntamente por la propia universidad y por Bonilla Artigas Editores, ha sido objeto de muy escasas presentaciones, reseñas y comentarios. En los mentideros políticos de Chetumal se dice que ello se debe a que el título no fue muy del agrado de algunos altos personajes políticos, porque sugiere que Quintana Roo es gobernado por una banda, una camarilla o una pandilla.

Por Juan José Morales

Portada del libro. Es una obra de gran utilidad para conocer la historia moderna de Quintana Roo, la manera como se formó el grupo político más o menos compacto —aunque del todo unificado— que durante cuatro décadas se ha mantenido en el gobierno pese a sus rencillas y divisiones internas.

Si hay en los círculos gobernantes de la entidad quienes tienen tal idea, desde luego se equivocan rotundamente. El término élite no tiene un significado peyorativo sino que se refiere a un grupo selecto y limitado de personas, y en general puede decirse que incluso en una democracia los gobernantes constituyen élites, y —como se señala en el prólogo del libro— hay teorías en el sentido de que si bien las democracias modernas son gobernadas por élites, no son elitistas en el sentido de que impidan la participación de otros grupos sino, por lo contrario, esa situación da a los ciudadanos comunes oportunidades de participación que no existen en otros regímenes.

Pero no vamos a entrar en minucias o perdernos en vericuetos teóricos. Lo importante es que la autora nos muestra cómo a lo largo de décadas, desde principios del siglo XX —cuando tras la ofensiva militar contra los mayas rebeldes se constituyó el territorio de Quintana Roo, con gobernadores nombrados por el presidente de la República— se fue formando y forjando, con mucha lentitud y en peculiares condiciones, una clase política local que finalmente terminaría por tomar el gobierno del ex territorio, ya convertido en estado.

Entre otras cosas, Tania Libertad examina el origen de esa élite política que tomó las riendas de la entidad hace 40 años y las ha mantenido hasta ahora, y el fenómeno conocido como nativismo, característico de Quintana Roo.

Respecto a lo primero, señala que habiendo sido poblado el territorio por inmigrantes de muy diferente origen, y debido al desinterés en los asuntos políticos por parte de la población maya —que tenía sus propias autoridades y se sentía oprimida por el gobierno federal— “la élite política quintanarroense se formó principalmente con inmigrantes libaneses, egipcios y yucatecos que llegaron a la zona… cuando se fundó la ciudad de Payo Obispo” y que se dedicaron al comercio, la explotación de maderas preciosas y la actividad pesquera.

Fueron esos inmigrantes quienes tuvieron mayor peso en la vida política, dado que sus actividades eran las únicas de importancia económica y —como nos dice el marxismo, aunque a muchos esta verdad no les guste— poder y dinero están indisolublemente ligados. Los habitantes mayas, en cambio, no sólo se automarginaron de la política, sino que su influencia económica era prácticamente nula, limitados como estaban a la agricultura milpera de subsistencia, y por ende no tuvieron ni pudieron tener la influencia política de los empresarios.

Por cuanto al nativismo, la autora señala que sus lejanos orígenes hay que encontrarlos en las tensiones que históricamente ha habido en México entre los gobiernos locales y el federal, pero en el caso de Quintana Roo se manifestaron con más vigor por la inconformidad que causaba el hecho de que las autoridades fueran nombradas desde el centro del país, y por el constante peligro de que el territorio fuera anexado a Campeche y Yucatán, como de hecho ocurrió durante un tiempo.

El nativismo, que reclamaba para los nativos del territorio el derecho a elegir a sus autoridades, o al menos que se les tomara en cuenta para ocupar los cargos públicos, “se consolidó —escribe Tania Libertad— entre las familias fundadoras de los asentamientos poblacionales más antiguos: Payo Obispo y Cozumel, monopolizando para sí la identidad del nativo quintanarroense.” Los verdaderos nativos, los mayas, fueron excluidos y se autoexcluyeron —por las razones arriba vistas— de esta corriente política.

Por obvias razones de espacio, no podemos extendernos sobre el contenido del libro. Pero sin lugar a dudas podemos decir que es una obra que debe leer todo aquel que quiera conocer a fondo la historia política de Quintana Roo y la manera como la élite nativista que lo ha gobernado durante las últimas cuatro décadas pudo mantenerse en el poder todo ese tiempo pese a la migración masiva y al surgimiento de nuevos actores políticos.

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La sacudida sísmica registrada el domingo 11 de enero en Tulum no es, como algunos podrían pensar, algo extraordinario. Si bien al examinar el mapa de regiones sísmicas de México se ve que los estados peninsulares —al igual que Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y partes de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, y el norte de Veracruz— son zonas donde no ocurren terremotos, esto no significa que estén total y absolutamente libres de sismos. O, para decirlo en otros términos, que sean 100% zonas asísmicas. Lo que no hay en ellas, son grandes terremotos, porque están lejos de las zonas de contacto entre las grandes placas de la corteza terrestre, que es donde se originan tales fenómenos, como ocurre en la costa mexicana del Pacífico por su cercanía a la llamada trinchera mesoamericana. Pero en la península y en las demás regiones mencionadas, ocasionalmente sí ocurren leves sacudidas sísmicas.

El mapa del Servicio Sismológico muestra dónde ocurren usualmente los terremotos en el país. Como se ve, el Altiplano del Norte y la Península de Yucatán son zonas libres de tales fenómenos, aunque en ellos pueda haber ocasionalmente sacudidas muy leves. Obsérvese que el sismo fuerte más próximo a la península ocurrió en el lecho del Caribe, bastante lejos.

De hecho, si se revisan los registros del Servicio Sismológico Nacional, se encontrará que en los últimos tiempos han ocurrido varios de esos fenómenos, tanto en Quintana Roo como en Campeche.

Hace menos de tres años, por ejemplo, el 11 de mayo de 2012, los sismógrafos registraron una sacudida de 5.2 grados en la escala de Richter originada a unos 300 kilómetros al suroeste de Chetumal, a una profundidad de diez kilómetros, que fue percibida por los habitantes de la ciudad. Poco antes, en abril de ese mismo año, hubo un par de pequeños sismos de 3.9 y 4.0 grados, en la región de la Sonda de Campeche, en el lecho marino.

Los eventos geofísicos más notables desde el punto de vista sísmico en la península, son probablemente el sismo de 4.4 grados registrado el 3 de junio de 1998 en la zona de Champotón, en el sur de Campeche, y cuatro años más tarde otro de 4.6 grados en Quintana Roo, el 10 de junio de 2002. “Esta fue —dice un estudio de la Unión Geofísica Mexicana— la primera evidencia de sismicidad en el estado de Quintana Roo, y lo interesante es su similitud con los eventos de Champotón, al otro lado de la península.”

Según señala el estudio, estos dos sismos indican que hay una falla activa y que la península está siendo afectada por movimientos tectónicos de tipo compresivo en dirección norte-sur.

Lo anterior, sin embargo, no implica en modo alguno que haya comenzado una época de actividad sísmica en la región. El Bloque de Yucatán o Bloque Maya, como se denomina a ese gran sector de la corteza terrestre que conforma la península, si bien tiene movimientos que pueden ocasionar ciertos acomodos del terreno y por tanto leves sacudidas del mismo, está muy lejos de las grandes fallas geológicas del Pacífico y el Caribe en el cual se originan los grandes terremotos.

Y en cuanto al riesgo de tsunamis, también puede descartarse. No sólo porque los registros históricos demuestran que jamás ha habido uno de ellos en el Golfo de México ni en la región occidental del Caribe, sino porque el lecho marino en ambas zonas es muy tranquilo desde el punto de vista sísmico. En un estudio del geofísico mexicano José Merino y Coronado, se señala que “los fondos submarinos frente a las costas de Yucatán y Quintana Roo son estables en lo que a su sismicidad se refiere, la cual puede considerarse nula”. Y los tsunamis o maremotos, como se sabe, se desatan cuando ocurre un terremoto en el lecho marino. Al no existir tal posibilidad frente a nuestras costas, no hay que temer un fenómeno de tal naturaleza.

Por lo que respecta a la Sonda de Campeche, si bien en esa zona se han registrado sismos ligeros como ya mencionamos, todos ellos han sido lo bastante débiles para no causar preocupación.

Quienes vivimos en esta región de México, pues, podemos seguir tranquilos en cuanto a terremotos y tsunamis se refiere.
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La idea generalizada respecto a las selvas de la península de Yucatán, es que han sido arrasadas brutalmente, que de ellas ya sólo queda el recuerdo y que en comparación con la densa y exuberante vegetación que había en tiempos de esplendor de la antigua civilización maya, lo que tenemos ahora es un erial.

Eso es hasta cierto punto cierto, pero sólo para parte de la península. Concretamente el estado de Yucatán, donde prácticamente ya no queda ese tipo de vegetación, salvo la región conocida como el cono sur, en los alrededores del vértice geográfico donde confluyen los límites de los tres estados peninsulares. En el resto de la entidad, la selva —ya de por sí de reducida altura— fue arrasada para establecer plantaciones de henequén y campos ganaderos.

Apenas visible, este edificio de la antigua metrópoli maya de Calakmul se encuentra rodeado por una densa selva que se extiende hasta el horizonte.

Pero, por sorprendente que parezca, en el sur y oriente de la península, en Campeche y Quintana Roo, no solamente se conservan tupidas selvas sino que cubren mayor extensión y son más densas y exuberantes que hace mil años, en el apogeo del Período Clásico maya. De hecho, en ambos estados se hallan las mayores superficies de selva en buen estado de conservación del país. En Quintana Roo en la llamada zona maya, y en Campeche en la porción sur, en la zona fronteriza con Guatemala.

Así lo muestran los que podrían llamarse mapas retrospectivos elaborados por un grupo de investigadores de la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausana, Suiza, encabezados por Jed Kaplan. Los mapas, basados en información científica acerca de la densidad de población, los tipos de suelo, las variaciones climáticas y otros factores, muestran la cobertura forestal de la región maya en tres épocas: el clímax de su desarrollo cultural entre 800 y 950 de nuestra era primero, luego alrededor de 1650 después de la conquista española, y finalmente en 2000.

Como se ve en dichos mapas, y contra lo que podría pensarse, hay ahora mayor cobertura forestal que en cualquiera de ambos períodos históricos.

Los mapas de Kaplan y sus muestran la cobertura forestal en la península de Yucatán y Centroamérica en diferentes épocas. Las zonas más oscuras indican mayor densidad de vegetación selvática. Izq., en el Período Clásico (800-950), cuando en el área maya vivían unos 19 millones de personas y hubo una intensa deforestación con fines agrícolas. Centro, en 1650, después de la conquista, cuando la población había sido diezmada por las enfermedades, el choque cultural y otros factores, y muchas tierras fueron abandonadas. Der., en 2000, cuando —por ser mucho menor la densidad de población que hace mil años— se habían recuperado las selvas.

Los mapas de Kaplan muestran la cobertura forestal en la península de Yucatán y Centroamérica en diferentes épocas. Las zonas más oscuras indican mayor densidad de vegetación selvática. Izq., en el Período Clásico (800-950), cuando en el área maya vivían unos 19 millones de personas y hubo una intensa deforestación con fines agrícolas. Centro, en 1650, después de la conquista, cuando la población había sido diezmada por las enfermedades, el choque cultural y otros factores, y muchas tierras fueron abandonadas. Der., en 2000, cuando —por ser mucho menor la densidad de población que hace mil años— se habían recuperado las selvas.

Sorpresa a medias

En realidad, esto ha sido una sorpresa a medias. Ya varios investigadores mexicanos habían encontrado desde hace tiempo que la destrucción de las selvas peninsulares —al menos en el centro y sur— no es tan grave como se creía, y que la vegetación está bastante bien conservada pese a los programas de desmontes ahí realizados.

En el caso del sur de Campeche y Quintana Roo, un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM, realizado por Sergio Cortina Villar, Pedro Macario Mendoza y Yelena Ogneva Himmelberger, reveló que pese a la intensa deforestación registrada en esa zona hace 30 ó 40 años, subsiste un considerable porcentaje de selvas y hay también un acentuado proceso de restablecimiento de la vegetación original.

Los investigadores señalan que después de construida la carretera Escárcega-Chetumal entre 1967 y 1970, hubo en esa zona importantes programas federales de colonización dirigida que incluyeron grandes desmontes para establecer campos agrícolas y ganaderos. Por eso se tiene la impresión de que la mayor parte de las selvas que ahí había fueron destruidas, sobre todo cuando se observan los desmontes a los lados del camino. Empero, el análisis e interpretación de imágenes de satélites artificiales mostró una situación mucho menos dramática. Resultó que solamente el 25% de las selvas del área estudiada habían sido desmontadas. Esto es, las tres cuartas partes se mantuvieron intocadas.

Por otro lado, muchas de las explotaciones agrícolas y ganaderas que se establecieron en esos terrenos fracasaron y las tierras fueron abandonadas. Ya para 1998, el 43% de las áreas desmontadas durante la colonización habían dejado de utilizarse con fines agropecuarios y estaban cubiertos por vegetación arbustiva o arbórea de segundo crecimiento. Es decir, por selvas en diferentes etapas de recuperación.

Por lo que se refiere a la Reserva de la Biósfera Calakmul, en el sur de la península y colindante con las grandes selvas del Petén en Guatemala, la situación es también bastante halagüeña. Otro estudio del propio Instituto de Geografía de la UNAM, obra de Gerardo García Gil, Ignacio March Mifsut y Miguel Ángel Castillo Santiago, permitió comprobar que de las 723 mil hectáreas que en total abarca la reserva, únicamente el 3.51% presentan alteraciones debidas a la actividad del hombre, específicamente debidas a los programas de colonización dirigida de hace décadas. En cambio, el 96.3% de la reserva se halla cubierta por selvas bastante densas sin perturbaciones de origen humano visibles.

En proceso de regeneración

Por otro lado, también hay considerables extensiones de selvas en proceso de regeneración. En uno de sus últimos trabajos —realizado conjuntamente con el biólogo José Antonio González Iturbe—, la Dra. Ingrid Olmsted, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, señalaba que si bien durante el siglo XX hubo una elevada tasa de deforestación en la península para destinar la tierra sobre todo al cultivo de henequén, la ganadería y —en diferentes épocas— las siembras de arroz y caña de azúcar, en 1995 el 42% de la superficie de la península estaba cubierta por la llamada vegetación secundaria. Es decir, por selvas en recuperación, que crecen en aquellos terrenos que fueron abandonados después de usarlos para cultivos diversos o para la ganadería.

Desde luego, esto no significa que vayamos a recobrar plenamente las selvas perdidas. Las nuevas, las que se formarán al culminar el proceso de restablecimiento de la vegetación serán diferentes a las originales. Sobre todo en aquellas áreas donde hubo campos ganaderos o cultivos de henequén y caña de azúcar, pues —por razones que no vamos a detallar— lo extenso y prolongado de los desmontes hizo que se perdieran las reservas de semillas de los árboles, que en el trópico tienen muy corta vida.

De modo, pues, que el panorama de nuestras selvas no es tan sombrío como parece, especialmente en el sur de la península.

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El hombre y su medio

Por Juan José Morales

Este hermoso animal, parte de la esencia misma de Quintana Roo y que simbolizó la riqueza natural del estado, podría —paradójicamente— desaparecer de nuestras aguas y las futuras generaciones lo conocerían únicamente como parte del escudo de la entidad.

Quintana Roo se distingue porque es el único estado de la República —y quizá la única entidad política del mundo— que ostenta en su escudo un molusco: el caracol rosado o de oreja, Strombus gigas para los científicos. Su estilizada figura la reconoce quien tenga un conocimiento básico de la biología de ese animal, por los característicos picos que presenta en la punta, y que son más grandes y alargados en la primera etapa de su vida, a manera de protección para que —al resultar así más grande— un depredador encuentre más difícil devorarlo.

Al Strombus se le incluyó en 1974 en el escudo del nuevo estado como símbolo de su riqueza pesquera, junto con la también simbólica representación —tres árboles con puntiaguda copa— de lo que en aquel entonces era la otra gran riqueza de la naciente entidad: la forestal.

Pero si no se toman medidas urgentes y radicales para protegerlo, podemos llegar a la paradójica y contradictoria situación de que Quintana Roo ostente como emblema una especie extinta en sus aguas.

Esto no es exageración. En el curso de la existencia de nuestro estado, las poblaciones de caracol rosado a lo largo de la costa han ido en constante declive. Hoy son sólo una pálida sombra de lo que fueron en aquellos no muy lejanos tiempos y el único lugar donde todavía se le pesca, es la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro, en el extremo sur de la entidad, cerca de los límites con Belice. Pero aún ahí su situación es tan crítica, con la espada de Damocles de la extinción pendiente sobre él, que los biólogos han pedido suspender su explotación al menos durante cinco años con la esperanza de que la población se recupere aunque sea parcialmente.

Un poco de historia

Hubo buenas razones para incluir al caracol rosado en el escudo de Quintana Roo y para que su figura, y no la de un pez, encarnara el patrimonio pesquero de Quintana Roo. En esa época era —junto con las tortugas marinas y la langosta— la base de la actividad pesquera en la costa mexicana del Caribe. De hecho, en 1975, primer año de vida independiente del joven estado, la producción de caracol representó el segundo lugar por volumen y valor de la producción después de la de carne y conchas de tortuga, y por encima de la de langosta, con un total —hasta ahora nunca igualado— de 346 toneladas de carne oficialmente registradas, más las que se destinaron al autoconsumo, se comercializaron localmente o se vendieron clandestinamente.

Pero ya para entonces comenzaban a sonar campanas de alerta. Justamente ese año, en Campeche y Yucatán se prohibió la captura de este molusco de carne blanca y agradable sabor, pues la desmedida explotación para satisfacer la demanda, lo había llevado a lo que se conoce como extinción comercial. Es decir, a una situación en que, aun cuando seguía existiendo como especie, sus poblaciones eran ya tan pequeñas que resultaba incosteable su extracción.

Un caracol. Obsérvese la gran masa muscular. Los ojos se hallan al extremo de largos pedúnculos. Lo que parece una garra en el extremo inferior es el opérculo, una placa córnea que cierra la abertura de la concha cuando el animal se retrae en ella y también le sirve de apoyo para avanzar a saltos.

En Quintana Roo la producción todavía se mantuvo por algunos años, pero también declinó rápidamente. Pronto las existencias del recurso se agotaron en la zona norte y hubo que establecer una veda permanente. Luego, ocurrió lo mismo en la parte media del estado, y desde 1993 el único sitio donde ha estado permitida es Chinchorro, donde para proteger el recurso se estableció un sistema de cuotas. Sin embargo, los propios pescadores —y así lo reconocieron después— decidieron violar las disposiciones oficiales y pescar más de lo autorizado. Ello, sumado a la acción de pescadores furtivos llegados de otros lugares, ocasionó un catastrófico descenso en las existencias, y hubo que restringir más aún la captura. La cuota autorizada para este año fue de sólo 4.5 toneladas de carne. Es decir, apenas el 1.23% de aquellas 364 toneladas del primer año de vida de nuestro estado.

Un Strombus mira el mundo desde su concha, que interiormente está cubierta por nácar liso, brillante, de hermoso color rosado. La parte amarilla que cubre parcialmente la concha es el manto, un tejido que segrega los compuestos de calcio que forman la propia concha.

En desagravio de los pescadores organizados, hay que decir sin embargo que si bien contribuyeron al saqueo de caracol, desde hace casi diez años, preocupados por la situación accedieron a que se estableciera una veda permanente a su captura, a condición sólo de que se estableciera una vigilancia, rigurosa y efectiva, para evitar la pesca clandestina, que ya en aquel entonces se estimaba entre cinco y diez veces mayor que la legal. Sin embargo la Profepa y Conapesca, autoridades que debían asegurar la vigilancia, dijeron no contar con personal ni recursos para ello. Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que administra la reserva de Chinchorro, carece de facultades legales para supervisar la actividad pesquera y detener a los infractores. Así, todo quedó en buenos deseos y el saqueo prosiguió.

Un ejemplar en su hábitat natural entre las algas con que se alimenta. Habita fondos arenosos, desde muy cerca de la orilla hasta profundidades de cien metros, si bien usualmente no más allá de los 25 ó 30.

Consuelo de tontos

Difícilmente puede encontrarse en el mundo un caso semejante, en que una pesquería prácticamente desaparezca por completo en poco más de tres décadas.

Si esto puede servir como consuelo de tontos, habrá que decir que la virtual desaparición del caracol rosado no ocurrió sólo en aguas de Quintana Roo, sino en muchas otras zonas de su extensa área de distribución, como las Bermudas, República Dominicana, Florida, Haití, Costa Rica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela, la costa norte de Cuba, Colombia, Honduras y otros lugares. Sólo parece haber poblaciones sanas en las islas Turcos y Caicos, Santa Lucía, el litoral sur de Cuba y Martinica.

Aunque el Strombus gigas no está oficialmente catalogado como especie amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya desde 1995 la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, mejor conocida como CITES por su sigla en inglés, recomendó una serie de medidas para protegerlo. Pidió, por ejemplo, que se prohibieran las importaciones de conchas y carne procedentes de Haití, Honduras y la Dominicana.

Estas imágenes permiten apreciar mejor las características externas del caracol rosado, como la gran extensión en forma de oreja o abanico de la concha, el bello color interno y sus prominentes picos, que en la etapa juvenil (imagen inferior izquierda) son casi tan largos como los de los ejemplares adultos. Esta es una protección contra depredadores, que encuentran más difícil tragarlo.

Estas imágenes permiten apreciar mejor las características externas del caracol rosado, como la gran extensión en forma de oreja o abanico de la concha, el bello color interno y sus prominentes picos, que en la etapa juvenil (imagen inferior iz-quierda) son casi tan largos como los de los ejemplares adultos. Esta es una protección contra depredadores, que encuentran más difícil tragarlo.

En fin, para no hacer más largo el cuento: nuestro emblemático caracol rosado, nuestro Strombus gigas, ese molusco heráldico de Quintana Roo, se encuentra en camino de desaparecer de las aguas del propio estado que lo escogió para figurar en su escudo como símbolo de abundancia y riqueza pesquera.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx