Hoy hablaremos de un tema muy especial: la petición presentada al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial, para que se cancele el registro del llamado Partido Verde Ecologista de México por su actitud de sistemática y contumaz violación a la ley electoral.

Por Juan José Morales

La petición, respaldada en sólo 25 días con las firmas de 140 mil ciudadanos indignados por tal comportamiento —entre los que me cuento— no es caprichosa ni producto de antipatías o antagonismos hacia esa agrupación, sino una petición en favor de la legalidad y la vigencia del estado de derecho. Simplemente, no es posible que un partido cometa tantas y tan graves violaciones a la ley y se le permita seguir funcionando como si nada, pagando una multa tras otra. Eso equivale a permitir que un delincuente burle la ley a base de dinero simplemente porque cuenta con recursos económicos inagotables de oscuro origen.

Una pequeña muestra de la enorme cantidad de artículos y materiales publicitarios con las que el llamado Partido Verde Ecologista ha estado apabullando a los electores en abierta violación a la ley, y la obligada pregunta sobre el misterioso origen del dinero para pagar todo eso y además las repetidas multas que se le aplican por su ilegal conducta.

Una pequeña muestra de la enorme cantidad de artículos y materiales publicitarios con las que el llamado Partido Verde Ecologista ha estado apabullando a los electores en abierta violación a la ley, y la obligada pregunta sobre el misterioso origen del dinero para pagar todo eso y además las repetidas multas que se le aplican por su ilegal conducta.

En efecto, aunque parezca increíble, el PVEM ha estado acumulando una multa tras otra cada 72 horas y ya suman cientos de millones de pesos. Pero con todo cinismo continúa violando la ley, y haciéndose acreedor a nuevas sanciones. Evidentemente, dinero no le falta, y con él espera seguir burlando la ley y ganar las elecciones.

El documento en el cual se pide la cancelación del registro es demasiado extenso para reproducirlo en nuestro limitado espacio. Y lo es, obviamente, porque larguísima es la lista de violaciones a la ley cometidas por el negocio familiar de El Niño Verde y sus compinches, violaciones todas que han sido documentadas y plenamente comprobadas por la autoridades electorales y sancionadas con multas. He aquí una síntesis de las principales:

• Uso de recursos públicos y privados ilegales.
• Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal, pasando por encima de la prohibición constitucional.
• Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
• Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.
• Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.
• Propaganda ilegal en tortillerías.
• Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.
• Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
• Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.
• Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.
• Impresión y distribución de cuatro millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley. Y este dizque partido se autodenomina ecologista.
• Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.
• Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.

Aquí cabe una reflexión: si ya desde la campaña electoral un partido viola deliberada y descaradamente la ley, se mofa de la autoridad y la reta abiertamente insistiendo en sus acciones ilegales, ¿qué puede esperarse que haga si triunfa en las elecciones? El INE y el TEPJ tienen el asunto en sus manos, y tienen las facultades para cortar de tajo las tropelías de El Niño Verde. Todo lo que necesitan es aplicar la ley. Veremos si lo hacen o si siguen solapándolo y abren las puertas para que otros partidos hagan lo mismo.

La petición de cancelación de registro del negocio familiar de El Niño Verde, por lo demás, sigue abierta. Quien desee sumarse a ella sólo tiene que entrar al siguiente portal de Internet:
Change.org/quitenregistroalpartidoverde

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Desde 2013 circula, pero no se le ha dado suficiente difusión, un interesante libro: “¿Quién gobierna Quintana Roo? Estudio de una élite política local”, de Tania Libertad Camal Cheluja, catedrática e investigadora de la Universidad de Quintana Roo.

Decimos que no se le ha dado suficiente difusión porque, aun cuando se trata de una obra de gran valía, analítica y producto de una acuciosa investigación, que no sólo contiene información muy bien fundamentada sobre el devenir político de esa entidad, sino también un sólido sustento teórico, y pese a que fue publicada conjuntamente por la propia universidad y por Bonilla Artigas Editores, ha sido objeto de muy escasas presentaciones, reseñas y comentarios. En los mentideros políticos de Chetumal se dice que ello se debe a que el título no fue muy del agrado de algunos altos personajes políticos, porque sugiere que Quintana Roo es gobernado por una banda, una camarilla o una pandilla.

Por Juan José Morales

Portada del libro. Es una obra de gran utilidad para conocer la historia moderna de Quintana Roo, la manera como se formó el grupo político más o menos compacto —aunque del todo unificado— que durante cuatro décadas se ha mantenido en el gobierno pese a sus rencillas y divisiones internas.

Si hay en los círculos gobernantes de la entidad quienes tienen tal idea, desde luego se equivocan rotundamente. El término élite no tiene un significado peyorativo sino que se refiere a un grupo selecto y limitado de personas, y en general puede decirse que incluso en una democracia los gobernantes constituyen élites, y —como se señala en el prólogo del libro— hay teorías en el sentido de que si bien las democracias modernas son gobernadas por élites, no son elitistas en el sentido de que impidan la participación de otros grupos sino, por lo contrario, esa situación da a los ciudadanos comunes oportunidades de participación que no existen en otros regímenes.

Pero no vamos a entrar en minucias o perdernos en vericuetos teóricos. Lo importante es que la autora nos muestra cómo a lo largo de décadas, desde principios del siglo XX —cuando tras la ofensiva militar contra los mayas rebeldes se constituyó el territorio de Quintana Roo, con gobernadores nombrados por el presidente de la República— se fue formando y forjando, con mucha lentitud y en peculiares condiciones, una clase política local que finalmente terminaría por tomar el gobierno del ex territorio, ya convertido en estado.

Entre otras cosas, Tania Libertad examina el origen de esa élite política que tomó las riendas de la entidad hace 40 años y las ha mantenido hasta ahora, y el fenómeno conocido como nativismo, característico de Quintana Roo.

Respecto a lo primero, señala que habiendo sido poblado el territorio por inmigrantes de muy diferente origen, y debido al desinterés en los asuntos políticos por parte de la población maya —que tenía sus propias autoridades y se sentía oprimida por el gobierno federal— “la élite política quintanarroense se formó principalmente con inmigrantes libaneses, egipcios y yucatecos que llegaron a la zona… cuando se fundó la ciudad de Payo Obispo” y que se dedicaron al comercio, la explotación de maderas preciosas y la actividad pesquera.

Fueron esos inmigrantes quienes tuvieron mayor peso en la vida política, dado que sus actividades eran las únicas de importancia económica y —como nos dice el marxismo, aunque a muchos esta verdad no les guste— poder y dinero están indisolublemente ligados. Los habitantes mayas, en cambio, no sólo se automarginaron de la política, sino que su influencia económica era prácticamente nula, limitados como estaban a la agricultura milpera de subsistencia, y por ende no tuvieron ni pudieron tener la influencia política de los empresarios.

Por cuanto al nativismo, la autora señala que sus lejanos orígenes hay que encontrarlos en las tensiones que históricamente ha habido en México entre los gobiernos locales y el federal, pero en el caso de Quintana Roo se manifestaron con más vigor por la inconformidad que causaba el hecho de que las autoridades fueran nombradas desde el centro del país, y por el constante peligro de que el territorio fuera anexado a Campeche y Yucatán, como de hecho ocurrió durante un tiempo.

El nativismo, que reclamaba para los nativos del territorio el derecho a elegir a sus autoridades, o al menos que se les tomara en cuenta para ocupar los cargos públicos, “se consolidó —escribe Tania Libertad— entre las familias fundadoras de los asentamientos poblacionales más antiguos: Payo Obispo y Cozumel, monopolizando para sí la identidad del nativo quintanarroense.” Los verdaderos nativos, los mayas, fueron excluidos y se autoexcluyeron —por las razones arriba vistas— de esta corriente política.

Por obvias razones de espacio, no podemos extendernos sobre el contenido del libro. Pero sin lugar a dudas podemos decir que es una obra que debe leer todo aquel que quiera conocer a fondo la historia política de Quintana Roo y la manera como la élite nativista que lo ha gobernado durante las últimas cuatro décadas pudo mantenerse en el poder todo ese tiempo pese a la migración masiva y al surgimiento de nuevos actores políticos.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Desde hace tiempo, en ciertos medios de comunicación se viene repitiendo machaconamente que debe eliminarse la figura de los diputados y senadores de representación proporcional porque, al decir de quienes así opinan, tales legisladores no representan a nadie.

Desde luego, eso es una falacia. Los diputados y senadores de representación proporcional sí representan a alguien. Concretamente a un importante sector de la población: aquellos electores que sufragaron por el partido que los postuló.

Por Juan José Morales

Lo que busca el PRI al tratar de eliminar o mutilar el sistema de legisladores de minoría relativa y representación proporcional, es volver a los tiempos del llamado “carro completo”, en que con sólo un tercio o un 40% de los votos podía tener una aplastante mayoría casi absoluta en las cámaras, y dejar prácticamente sin representación a millones de electores que votaron por otros partidos. Eso sería un gravísimo retroceso.

Tan son estos diputados y senadores representantes de diversos sectores del electorado, que en algunos países no existe más que ese tipo de legisladores. Es decir, las curules en las cámaras se distribuyen de manera proporcional al número de votos obtenido por cada partido. En otros casos, como el de México, se mantiene un sistema mixto, en el cual parte de los legisladores lo son por el sistema de mayoría relativa y otra parte por asignación en correspondencia con la votación de cada partido.

Pues bien, ahora el PRI ha anunciado que el año próximo impulsará una consulta para que los votantes decidan si se elimina a los senadores de segunda mayoría y se reduce a la mitad el número de diputados de representación proporcional.

Como ya hemos señalado en otras ocasiones en esta columna, los diputados y senadores plurinominales representan a un importante sector del electorado, pues no surgen de la nada como se hace creer mañosamente, sino en función del número de votos obtenido por los partidos a los cuales pertenecen y representan a una porción sustancial de los ciudadanos: aquellos que dieron su voto a partidos y candidatos que no lograron mayoría relativa pero de todas maneras obtuvieron una cantidad importante de sufragios.

Este es un principio básico de la democracia: lograr la representación de todos los ciudadanos. Casi la mitad de los países democráticos emplean ese sistema, con distintas variantes, desde la proporcionalidad total —es decir, a cada partido se le asigna un porcentaje de diputados igual al de votos obtenidos a nivel nacional— hasta el mixto, como es el caso de México, en que una parte son de mayoría relativa y los demás se asignan a los partidos conforme a su votación de acuerdo con ciertas fórmulas.

Lo que el PRI pretende es volver al viejo sistema de mayoría relativa, en el cual únicamente llegaban a las cámaras aquellos candidatos que obtenían al menos un voto más que cualquier otro. Ese sistema le daba una mayoría muy por encima de su votación real. Volver a él significaría un grave retroceso y podría darse el caso de que en una elección en la cual participe media docena de partidos, uno de ellos obtenga sólo un 22% de los votos en todos y cada uno de los 300 distritos electorales, en tanto que el restante 78% se repartiera entre los otros cinco, sin que ninguno de ellos alcance el 22% en ninguna demarcación. Así, un partido por el cual votó sólo uno de cada cinco electores, se quedaría con todas las curules, como si hubiera obtenido el 100% de la votación. Esta situación no es tan hipotética como podría parecer. Se han dado en no pocos estados casos de elecciones en los que un partido logra mayoría en todos los distritos electorales pero sólo el 34% de la votación total. De no existir la representación proporcional, ese partido acapararía la totalidad de los diputados, aunque sólo uno de cada tres electores hubiera votado por él. O, dicho en otros términos: el voto de dos de cada tres ciudadanos no habría servido para nada.

La experiencia demuestra que con el sistema exclusivo de diputados de mayoría que había antes en México y pretende reimplantar el PRI, se perpetuaría su dominio y se silenciaría la voz de las minorías. Si los diputados de representación proporcional son comunes en tantos países, es porque permiten ejercer una auténtica democracia en la cual ningún grupo se quede sin representación. Es mentira que no representen a nadie.

Como se recordará, el escritor Mario Vargas Llosa calificó alguna vez al PRI de la dictadura perfecta. Suprimir el sistema de representación proporcional equivaldría a perfeccionar la dictadura perfecta.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx