Como en la península de Yucatán no hay yacimientos de minerales —porque aquí no ocurrieron los procesos de formación de montañas y vulcanismo que les dan origen—, generalmente no prestamos atención al hecho de que México es un país minero por excelencia. Es el mayor productor mundial de plata y el noveno de oro, además de gran productor de zinc, cobre y otros metales valiosos. Pero durante los últimos 30 años, especialmente a partir del período de Carlos Salinas en la presidencia, los gobiernos del PRI y del PAN han estado entregando esa riqueza en bandeja de plata a grandes empresas extranjeras, sobre todo canadienses, que pagan una bicoca a cambio de las concesiones y ni siquiera crean fuentes de trabajo en nuestro país ni propician la industrialización.

Por Juan José Morales

Así lo señala María Teresa Sánchez Salazar, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, en su reciente estudio La industria minero-metalúrgica en México en el marco de las políticas neoliberales.

El problema principal, explica, es el sistema de concesiones. Las empresas pagan por hectárea concesionada, no por valor del volumen de mineral extraído. Durante los 50 años que dura la concesión —renovable además por un período igual— México no recibe un solo centavo por ese concepto. En otros países, en cambio, deben pagar regalías sobre su producción.

Esto dejan las mineras transnacionales después de acabar con los yacimientos: tierras envenenadas, estériles, inútiles para la agricultura, la ganadería o cualquier actividad productiva. Y ello a cambio de nada, pues la concesión les cuesta una bicoca, no pagan regalías sobre su producción, cubren impuestos mínimos, se llevan la materia prima sin procesarla en México y sólo crean unos cuantos empleos.

 

La realidad, sin embargo, es que la creación de empleos resulta mínima, ya que los antiguos métodos de extracción subterránea a base de tiros y túneles ha sido sustituida por la explotación a cielo abierto. Con este método, señala la investigadora, “hoy sólo se requieren unos cuantos operadores de maquinaria pesada; así el número de empleos ha disminuido notoriamente y gran parte de éstos se generan a través de subcontrataciones, que muchas veces no ofrecen seguridad laboral y social, ni salarios dignos.”

Además, las mineras extranjeras se llevan el concentrado de mineral a otros países, donde es procesado y transformado en productos con mucho mayor valor agregado. Así, tampoco se estimula la creación de plantas industriales en nuestro país. Y cualquier ganancia que hubiera podido tener México por la exportación de esa materia prima, se pierde totalmente al importar productos elaborados con ella.

Y por si todo eso fuera poco, la minería a cielo abierto causa profundos y graves daños ambientales ya que —dice el estudio— con este sistema se “mueve un gran volumen de tierras, afectando el suelo y la vegetación original. Por este motivo, una vez concluida la vida útil del tajo, ya no hay posibilidad de que las comunidades desarrollen alguna actividad alternativa”, puesto que el terreno es casi totalmente desnudo y estéril, cubierto con montones de escoria y otros desperdicios de la explotación y muchas veces fuertemente contaminado con sustancias tóxicas.

En tales condiciones, no es de extrañar que México se haya convertido en un verdadero paraíso para las grandes empresas mineras. El nuestro es ya —añade la investigadora del Instituto de Geografía— “el principal país receptor de inversión extranjera en Latinoamérica en el ámbito minero, y el cuarto a nivel mundial”. Y a partir de 2006, cuando subió al poder Calderón, está ubicado en el quinto lugar mundial por las grandes ventajas y facilidades que ofrece a las mineras extranjeras.

Como resultado de ese entreguismo, a la fecha la minería mexicana se encuentra controlada en un 70% por casi 300 compañías extranjeras que operan en 26 estados de la República.

Esa es la triste realidad de una riqueza que prácticamente se le regala a los grandes consorcios transnacionales.

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Una de las actividades humanas más agresivas contra el medio ambiente y que produce mayor contaminación ambiental, es la minería a cielo abierto. No sólo porque las excavaciones dejan enormes oquedades en la superficie, como tremendas cicatrices de suelo desnudo y estéril que afean el paisaje y no permiten la agricultura, sino porque en los procesos de refinación del mineral se emplean sustancias extremadamente tóxicas, como cianuro y arsénico, que contaminan ríos, arroyos, lagos y mantos subterráneos, y se generan inmensos volúmenes de desperdicios que permanecen indefinidamente liberando materiales contaminantes.

Por lo anterior, ningún país de la Unión Europea permite la minería a cielo abierto. Tampoco está permitida en Canadá. Sin embargo, en México el gobierno de Felipe Calderón ha estado otorgando a manos llenas concesiones, sobre todo a empresas canadienses, para operar minas a cielo abierto en Chiapas, San Luis Potosí, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y ahora también en Veracruz.

En este último caso —del cual nos ocuparemos ahora— la concesión fue concedida a la transnacional canadiense Goldgroup y abarca nada menos que 50 mil hectáreas en los municipios veracruzanos de Actopan y Alto Lucero. Ahí, la empresa pretende establecer una mina denominada Caballo Blanco para producir oro, lo cual ha provocado una fuerte oposición de los lugareños, de numerosas instituciones y organizaciones, y de la comunidad científica nacional.

Y no es para menos. Por principio de cuentas, la compañía utilizará cianuro, un compuesto del cual bastan dos gramos para matar a un ser humano. La minera, sin embargo, pretende emplear mil toneladas al año. El solo transporte de tan mortífera sustancia ya implica graves riesgos para la población, sin contar la contaminación que ocasionará y de la cual ya se tienen trágicos ejemplos en otros lugares del mundo.

Necesitará también la transnacional consumir entre dos y medio y tres millones de litros de agua al día, agua de la cual se despojará a los agricultores de la región y a los habitantes de las poblaciones, que la necesitan para consumo doméstico.

Además, hay que considerar la inmensa cantidad de desechos tóxicos que producirá la mina. En el proceso que empleará para separar el oro se genera como mínimo una tonelada de desperdicios por gramo de metal producido. O sea, que por cada kilo de oro producido, habrá mil toneladas de desperdicios venenosos, que sencillamente se acumularán en tiraderos a cielo abierto.

No hay datos precisos sobre la cantidad de oro que se planea producir en Caballo Blanco, pero una estimación razonable es 40 toneladas en los diez años que como máximo —según ha anunciado la propia empresa— estará en operación. Esto significa que dentro de diez años, cuando la mina cierre, quedarán ahí para siempre no menos de 40 millones de toneladas de desechos contaminados con cianuro, plomo y otros materiales tóxicos, de los cuales obviamente no se hará responsable la empresa y durante siglos contaminarán las aguas en la zona. Sobre todo durante las tormentas y huracanes que con frecuencia impactan Veracruz y provocan inundaciones.

Este tipo de minas no se permite en la Unión Europea, Costa Rica ni Canadá, pero en México promueve el gobierno federal.

Tan grandes y serios son los peligros que representa la operación de Caballo Blanco, que el propio gobierno de Veracruz —del cual no puede decirse que se preocupe mucho por los intereses populares— se ha opuesto al proyecto, al igual que se oponen biólogos, conservacionistas, antropólogos, campesinos, estudiantes y otros muchos sectores. Pero la decisión está en manos del gobierno federal, que parece estar empeñado en tenderle una alfombra roja a las grandes empresas mineras canadienses para que vengan a México a causar los desastres ambientales que no se les permiten en su propio país.

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