Hemos recibido algunos mensajes a propósito de nuestros recientes comentarios de diciembre sobre las comidas que el gobierno de Quintana Roo ofreció a un grupo de dueños y trabajadores de medios de comunicación en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen y la rifa, durante tales ágapes, de automóviles último modelo, motocicletas y otros valiosos regalos.

Juan José Morales

 

El edificio, en construcción eterna, del nuevo hospital general de Cancún. Pasan los años y las obras avanzan a paso de tortuga porque los recursos para continuarlas fluyen a cuentagotas. Por contraste, hubo dinero de sobra para erigir con gran celeridad el pomposamente llamado auditorio del bienestar en Cancún, que beneficiará sólo a una  empresa boxística y a Televisa, pues servirá principalmente para peleas y espectáculos comerciales.

El edificio, en construcción eterna, del nuevo hospital general de Cancún. Pasan los años y las obras avanzan a paso de tortuga porque los recursos para continuarlas fluyen a cuentagotas. Por contraste, hubo dinero de sobra para erigir con gran celeridad el pomposamente llamado auditorio del bienestar en Cancún, que beneficiará sólo a una empresa boxística y a Televisa, pues servirá principalmente para peleas y espectáculos comerciales.

Dos de tales mensajes son de médicos cuyos nombres omitimos para no exponerlos a represalias. Uno señala que, en contraste con el dispendio para agasajar a periodistas, para los médicos, desde hace tres años, no hay por parte del gobernador Roberto Borge “ni una felicitación en su día, sólo porque en un desayuno (huevos y frijoles en platos desechables) ofrecido por él se llevó una rechifla por llegar hora y media más tarde a la cita en el centro de convenciones y su enojo lo llevó a no dar ni el saludo a los médicos.” Ello —añade la misiva— “sin mencionar la nula atención e importancia que brinda a la salud en este Estado.”

A esta última cuestión se refiere el otro correo electrónico que mencionamos. “Mientras el gobernador tira el dinero escandalosamente en estos festines —dice—, el nuevo hospital general de Cancún lleva ya más de cinco años en construcción, sin que se vea para cuándo habrá de terminarse, si es que algún día lo veremos terminado. Lo mismo sucede con el hospital de Isla Mujeres y el de Nicolás Bravo en el sur del estado. Cada año, el gobernador hace una gira para supervisar el avance de las obras, y cada año todo sigue igual, y ni qué decir de las vergonzosas condiciones en que se encuentran los hospitales públicos, con equipo viejo, deteriorado, muchas veces prácticamente inutilizable, a veces sin equipo o material de curación siquiera, y los médicos tenemos que aguantar las quejas de los pacientes que nos culpan por no poder atenderlos como se debe.”

Agrega este mensaje: “Hubiera sido mejor que el dinero que gastó el gobierno en esos automóviles, motocicletas, computadoras y demás regalos, lo hubiera destinado a mejorar aunque fuera por poco tiempo las carencias de los hospitales públicos.”

Por otro lado, y a propósito del derroche de dinero público con fines político-electorales, hace algún tiempo recibimos también un correo electrónico de un lector que dice estar ya harto de los mensajes que casi cada día le llegan a su celular de parte de Mauricio Góngora, presidente municipal de Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen. “Yo —comenta nuestro amigo lector— vivo en Cancún. No tiene por qué el susodicho presidente municipal de Playa avisarme que ‘rinde cuentas a los playenses’. Eso es asunto que ni me atañe ni me importa. Y quisiera saber cuánto dinero se gasta en esos miles de mensajes telefónicos, que todos sabemos son parte de la campaña de Góngora para lograr la candidatura del PRI a gobernador.”

Yo también estuve recibiendo esos mensajes, y también llegué al punto del hartazgo, así que tomé una decisión radical: marqué como número spam o basura el teléfono del cual me llegaban. Santo remedio. Si continúan enviándomelos, ni me entero. Mas no por ello deja de ser criticable que se invada la intimidad de la gente con esta campaña telefónica.

De lo que no resulta más difícil librarme, sin embargo, es de los constantes mensajes radiofónicos —pagados, por supuesto— que se difunden en todo el estado para exaltar las maravillas de la administración municipal de Solidaridad. Para nadie es un secreto que son también parte de la no tan disimulada campaña electoral de Góngora, que debería destinar el dinero así gastado a mejorar las calles y los servicios públicos de la ciudad que gobierna.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

CongresoQRA mi correo llegó un interesante documento sobre el gobierno de Quintana Roo: el “Dictamen con minuta de decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la cuenta pública del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014”.

Como se sabe, ese instituto de largo nombre, llamado IPAE en forma abreviada, es la dependencia —encabezada por el propio gobernador y el secretario de Hacienda— que controla todos los terrenos, edificios y demás bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado. Por tanto, sus cuentas deben ser revisadas y en su caso aprobadas o rechazadas por el congreso estatal.

Juan José Morales

Pues bien, de acuerdo con el dictamen en cuestión, los legisladores que lo elaboraron no encontraron la menor mácula en las cuentas del IPAE durante el año pasado. Les pareció absolutamente normal que, habiendo gastado menos de nueve millones de pesos en la construcción de cinco obras, haya perdido en ese lapso más de 160 millones.

En efecto, en el dictamen se asienta que el IPAE tuvo ingresos por 157.8 millones de pesos en números redondos, pero egresos por $318.4 millones. Hecha la resta correspondiente se llega a ese resultado: una pérdida de $160.6 millones.

¿Dónde fue a parar esa millonada? Misterio. En las —a juicio de los legisladores— claras e impecables cuentas del IPAE, aparece un obeso renglón de egresos que suman poco más de esa cantidad, por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

¿A quién, cómo y por qué se transfirió, asignó, subsidió o ayudó? No se especifica. Si se intenta buscar información en el rubro del portal del IPAE marcado “Destinatarios de recursos públicos”, la respuesta es: “NO APLICA debido a que el Instituto no ha hecho entrega alguna de recursos públicos.” Idéntica respuesta se obtiene en el portal de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. Cabe entonces preguntarse: si lo transferido, asignado, etc., no provino de recursos públicos, ¿de dónde vino ese dinero?

Tenemos así el misterioso caso de 160 millones de pesos que no se sabe de dónde vinieron ni a manos de quién fueron a parar.

Pero todavía hay más. En las cuentas del IPAE aprobadas por los diputados miembros de la comisión de hacienda, en el rubro Otros Gas-tos y Pérdidas Extraordinarias aparece una también muy obesa partida de más de $45.2 millones por concepto de Disminución de Inventario de Mercancías para Venta.

¿Qué mercancías eran? ¿Por qué disminuyó el inventario? ¿Hubo un incendio, una inundación o un maremoto que las destruyera? ¿Fue-ron robadas? El asunto también está envuelto en el misterio. Sobre todo porque lo que maneja el IPAE no son mercancías sino bienes inmuebles. Y la disminución del inventario no es cosa menor. No se trata de unos cuantos cientos o miles de pesos, sino de más de 45 millones. Sin embargo a los diputados y diputadas les pareció enteramente normal que se esfumaran. A su juicio, las cuentas que rindió el IPAE “presentan en forma razonable (su) situación financiera” y por lo tanto, “esta Comisión que dictamina considera procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen”.

Aprobada, pues.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Otro despojo de un valioso terreno de playa, ahora en perjuicio de los habitantes de Puerto Morelos, se está cocinando en las más altas esferas del gobierno de Quintana Roo. Se trata de la intentona de clausurar la secundaria técnica pesquera del lugar, a todas luces con el propósito —según las sospechas generalizadas— de vender el extenso predio que ocupa, y que por hallarse situado a orillas del mar, en pleno centro de la población y con 250 metros lineales de playa, se presta para hacer un jugoso negocio inmobiliario.

Por Juan José Morales

Materialmente en ruinas se encuentran los edificios de la secundaria técnica pes-quera de Puerto Morelos como resultado del abandono en que deliberadamente los ha mantenido durante lustros el gobierno de Quintana Roo con el evidente propósi-to de justificar su cierre y la venta del terreno. A los gobernantes no parece impor-tarles lo que piensen de las escuelas mexicanas los turistas. Lo que importa es el suculento negocio inmobiliario que están preparando.

Materialmente en ruinas se encuentran los edificios de la secundaria técnica pesquera de Puerto Morelos como resultado del abandono en que deliberadamente los ha mantenido durante lustros el gobierno de Quintana Roo con el evidente propósito de justificar su cierre y la venta del terreno. A los gobernantes no parece importarles lo que piensen de las escuelas mexicanas los turistas. Lo que importa es el suculento negocio inmobiliario que están preparando.

La clausura de la escuela ha sido disfrazada de “reubicación”. La Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, que encabeza José Alberto Alonso Ovando, alega que el edificio está muy deteriorado y que no hay nuevas inscripciones para el plantel, por lo cual es mejor trasladar al alumnado a una escuela de nueva creación situada varios kilómetros tierra adentro, donde actualmente habita la mayoría de los vecinos de Puerto Morelos.

Ambas cosas —pésimo estado de las instalaciones y escasez de alumnos— son ciertas. Pero lo que no se dice es que ambas son resultado de una deliberada política gubernamental para acabar con la escuela.

En efecto, aulas, talleres, instalaciones hidráulicas y sanitarias, el sistema eléctrico y en general todos los edificios, equipos e instalaciones de la escuela se encuentran en lamentables condiciones, tanto por el deterioro natural debido al uso y el paso del tiempo como por los daños causados por tormentas y huracanes, en especial el Wilma, en 2005. Pero si se hallan en tal estado es porque en más de una década las autoridades no movieron un dedo para repararlas y darles mantenimiento adecuado. La maniobra era evidente: dejar que se arruinaran para poder declararlas inservibles, sacar de ellas a los alumnos y vender el terreno.

En cuanto a la falta de inscripciones, lo que ocurre es simplemente que la SEyC no las acepta. Cuando los padres tratan de inscribir a sus hijos para el nuevo ciclo escolar, que se inicia en agosto, no son aceptados y se les informa que deberán registrarlos en una escuela de nueva creación.

Sin embargo, dicen los padres de familia, a pesar de sus reiteradas preguntas, nadie —ni el propio secretario de Educación— ha dicho cuál es esa nueva escuela y dónde está ubicada. Los distintos funcionarios simplemente responden con evasivas e incluso el secretario dijo que la hasta ahora inexistente escuela podría comenzar a funcionar “en aulas móviles”.

No es esta la primera vez que el gobierno de Quintana Roo echa mano de una sucia artimaña para liquidar un establecimiento educativo y vender el terreno a particulares en muy turbias condiciones. Un caso anterior fue el del antiguo albergue juvenil del CREA en Cancún, que tras estar largo tiempo abandonado fue rescatado por la Universidad del Caribe, la cual gestionó y obtuvo un presupuesto especial del gobierno federal para convertirlo en hotel escuela. Pero a poco de iniciadas las obras, el proyecto fue truncado por el anterior gobernador, Félix González Canto, quien canceló el proyecto universitario y vendió el terreno a un misterioso comprador en una operación envuelta en el más absoluto secreto.

Los habitantes de Puerto Morelos consideran a la secundaria técnica parte del patrimonio de la comunidad, y están decididos a impedir este escandaloso despojo. Piden, con mucha razón, que en vez de acabar con ella so pretexto de su deterioro, se reconstruya, amplíe, modernice y dote de suficiente equipo para seguir ofreciendo una educación acorde con las necesidades de los jóvenes del lugar.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

“La corrupción en sus formas más recientes no se trata únicamente del uso del soborno a baja escala o solamente en la instancia económica”.

Un libro que logra explicar lo sucedido en Michoacán.

Los autores cuestionan el concepto tradicional de «corrupción» del Banco Mundial, que considera esta práctica como exclusiva de aquellos casos en los que un agente gubernamental acepta o promueve sobornos para su beneficio privado y abusando de su función pública. Esta definición, explican los autores, no considera todo un conjunto de coerciones ejercidas por grupos ilegales (como los cárteles de la droga), que se encuentran muchas veces involucrados con los agentes gubernamentales o actúan desde esa esfera. Dado que el concepto tradicional de corrupción omite el uso de métodos coercitivos, es necesario ampliar las convenciones para entender la complejidad del problema.

Garay y Salcedo subrayan el caso de Colombia, donde, sólo en apariencia, el negocio de la droga ha decaído, el número de víctimas relacionadas con el narcotráfico ha disminuido y los capos notorios han sido extinguidos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es una reconfiguración de los vínculos entre los grupos ilegales, de tal suerte que siguen operando, pero aliados ahora con los cárteles mexicanos y guatemaltecos.

Novedoso análisis de las redes ilícitas del narcotráfico y la corrupción, este libro explica diversos casos que ilustran el camino que ha seguido durante los últimos años la descomposición institucional en Colombia, Guatemala y México.

Es común escuchar que el tráfico de drogas en Colombia prácticamente se ha erradicado. Sin embargo, en estas páginas se presentan evidencias de que nos hallamos frente a una situación muy distinta: el narcotráfico en el hemisferio occidental se ha transformado radicalmente. Al enfrentar la interdicción área y marítima impuesta por Estados Unidos, entre otros factores, los cárteles colombianos vieron disminuidas sus utilidades y tuvieron que aliarse con diversos grupos del crimen organizado México, los cuales han adquirido un poder desmedido que se extiende incluso hasta Europa.

Los autores:
Luis Jorge Garay estudió ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y un doctorado en economía en el Instituto de Massachussets, Estados Unidos. Investigador visitante de universidades de Cambridge y Oxford.

Eduardo Salcedo-Alabarán es filósofo con maestría en ciencia política en la Universidad de los Andes, Bogotá. Trabaja con centros de investigación, y agencias públicas y privadas en América Latina, Estados Unidos y sudafricanas

Narcotráfico, corrupción y Estados
Autores: Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán
Sello: DEBATE

Una de las actividades humanas más agresivas contra el medio ambiente y que produce mayor contaminación ambiental, es la minería a cielo abierto. No sólo porque las excavaciones dejan enormes oquedades en la superficie, como tremendas cicatrices de suelo desnudo y estéril que afean el paisaje y no permiten la agricultura, sino porque en los procesos de refinación del mineral se emplean sustancias extremadamente tóxicas, como cianuro y arsénico, que contaminan ríos, arroyos, lagos y mantos subterráneos, y se generan inmensos volúmenes de desperdicios que permanecen indefinidamente liberando materiales contaminantes.

Por lo anterior, ningún país de la Unión Europea permite la minería a cielo abierto. Tampoco está permitida en Canadá. Sin embargo, en México el gobierno de Felipe Calderón ha estado otorgando a manos llenas concesiones, sobre todo a empresas canadienses, para operar minas a cielo abierto en Chiapas, San Luis Potosí, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Guanajuato, Baja California, Baja California Sur y ahora también en Veracruz.

En este último caso —del cual nos ocuparemos ahora— la concesión fue concedida a la transnacional canadiense Goldgroup y abarca nada menos que 50 mil hectáreas en los municipios veracruzanos de Actopan y Alto Lucero. Ahí, la empresa pretende establecer una mina denominada Caballo Blanco para producir oro, lo cual ha provocado una fuerte oposición de los lugareños, de numerosas instituciones y organizaciones, y de la comunidad científica nacional.

Y no es para menos. Por principio de cuentas, la compañía utilizará cianuro, un compuesto del cual bastan dos gramos para matar a un ser humano. La minera, sin embargo, pretende emplear mil toneladas al año. El solo transporte de tan mortífera sustancia ya implica graves riesgos para la población, sin contar la contaminación que ocasionará y de la cual ya se tienen trágicos ejemplos en otros lugares del mundo.

Necesitará también la transnacional consumir entre dos y medio y tres millones de litros de agua al día, agua de la cual se despojará a los agricultores de la región y a los habitantes de las poblaciones, que la necesitan para consumo doméstico.

Además, hay que considerar la inmensa cantidad de desechos tóxicos que producirá la mina. En el proceso que empleará para separar el oro se genera como mínimo una tonelada de desperdicios por gramo de metal producido. O sea, que por cada kilo de oro producido, habrá mil toneladas de desperdicios venenosos, que sencillamente se acumularán en tiraderos a cielo abierto.

No hay datos precisos sobre la cantidad de oro que se planea producir en Caballo Blanco, pero una estimación razonable es 40 toneladas en los diez años que como máximo —según ha anunciado la propia empresa— estará en operación. Esto significa que dentro de diez años, cuando la mina cierre, quedarán ahí para siempre no menos de 40 millones de toneladas de desechos contaminados con cianuro, plomo y otros materiales tóxicos, de los cuales obviamente no se hará responsable la empresa y durante siglos contaminarán las aguas en la zona. Sobre todo durante las tormentas y huracanes que con frecuencia impactan Veracruz y provocan inundaciones.

Este tipo de minas no se permite en la Unión Europea, Costa Rica ni Canadá, pero en México promueve el gobierno federal.

Tan grandes y serios son los peligros que representa la operación de Caballo Blanco, que el propio gobierno de Veracruz —del cual no puede decirse que se preocupe mucho por los intereses populares— se ha opuesto al proyecto, al igual que se oponen biólogos, conservacionistas, antropólogos, campesinos, estudiantes y otros muchos sectores. Pero la decisión está en manos del gobierno federal, que parece estar empeñado en tenderle una alfombra roja a las grandes empresas mineras canadienses para que vengan a México a causar los desastres ambientales que no se les permiten en su propio país.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx