La Tremenda, perdón, Suprema Corte, encubridora de ladrones

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Imagine que alguien le roba su dinero. Acude usted a la autoridad, acusa a quien se quedó con él y pide que se esclarezca el robo y se castigue al ladrón. Pero la autoridad le responde que no tiene derecho a exigir tal cosa porque no ha probado tener “interés legítimo” en el caso, y que el asunto no puede ser investigado porque es secreto de estado.

En esencia, eso es lo que ocurrió con la demanda que, firmada por más de 40 mil ciudadanos, fue presentada ante la Suprema Corte para que se aclare el destino de decenas o cientos de miles de millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR) retenidos por gobiernos estatales y municipales a sus trabajadores y jamás entregados a la Secretaría de Hacienda.

Por Juan José Morales

Simple y sencillamente, aquella enorme suma desapareció. Pero como el dinero no se desvanece —mucho menos estando en manos de una autoridad responsable de él—, resulta obvio que esos gobiernos se lo robaron. Así de simple. Sin embargo, en lugar de exigirles cuentas, Hacienda les condonó el adeudo. O, para decirlo en otros términos, legalizó lo que a todas luces es un delito.

Un grupo de 19 académicos, analistas políticos y escrito-res decidió entonces iniciar un juicio para que se declare inconstitucional aquella decisión de Hacienda y se sancione a los culpables del robo. Más de 40 mil personas se adhirieron a la demanda, que siguió un tortuoso camino por los vericuetos de diferentes tribunales, hasta que la Suprema Corte decidió atraerla.

Muchos pensaron que se impondría la justicia. Pero, ¡oh sorpresa! En vez de ello, el máximo tribunal se convirtió en encubridor o cómplice de aquel flagrante latrocinio. Hace unos días, en una verdadera sesión relámpago que duró menos de cinco minutos, sin que hubiera discusión alguna, como si el asunto les quemara las manos, con el apresurado voto en contra de tres de los cuatro ministros que participaron en el caso, la primera sala de la Corte dio carpetazo a la demanda con el peregrino argumento de que los promoventes carecían de “interés legítimo” en ella.

La digna y vertical actuación del ministro José Ramón Cossío en este caso lo salvó del oprobio y la vergüenza a que se hicieron merecedores sus compañeros de la Primera Sala de la que ahora mucha gente conoce como La Tremenda Corte —en alusión a cierto programa cómico— por sus recurrentes actuaciones de este tipo, que le han hecho perder hasta el mínimo respeto por parte de la ciudadanía.

El único voto en favor fue del ministro José Ramón Cossío, quien —en total apego a la lógica, la razón y el derecho— consideró que los demandantes sí tenían legítimo interés en el asunto y fundamentó su posición con argumentos jurídicos tan sólidos e irrebatibles que sus tres colegas ni siquiera intentaron oponérsele. Simplemente, sin el mínimo razonamiento para tratar de justificar su posición, votaron “no”. Y, como decíamos, en menos de cinco minutos se cometió esta aberración jurídica, que tiende un manto de impunidad sobre presidentes municipales y gobernadores ladrones. Ahora saben que pueden adueñarse impunemente del dinero de nuestros impuestos sin ser castigados.

Si un empresario descuenta el impuesto sobre la renta a sus trabajadores y no lo entrega a Hacienda, será castigado con nueve años de cárcel porque cometió —exactamente igual que los alcaldes y gobernadores autores de este latrocinio— el delito de defraudación fiscal tipificado en el Código Fiscal de la Federación. Y si usted, yo, o cualquier otro contribuyente, no paga el ISR, Hacienda puede publicar su nombre en una lista negra para exhibirlo ante la sociedad. Pero los munícipes y gobernadores ladrones saben que no sólo no irán a la cárcel sino que ni siquiera se divulgarán sus nombres, aunque ellos y el delito que cometieron, sean conocidos por la autoridad.

No se ha hablado mucho de este asunto. Fue minimizado o silenciado por los grandes medios de información —especialmente la radio y la televisión—, comprometidos política y económicamente con el gobierno. No se sabe a cuánto asciende la suma robada por alcaldes y gobernadores. Unos mencionan cincuenta mil millones de pesos, y otros hablan de 600 mil millones. Y, desde luego, su destino se ignora, pero se supone: en parte fue a parar a los bolsillos de los trúhanes que lo manejaron, y en su mayor parte se usó para financiar las campañas políticas que llevaron al poder a los otros bandidos a quienes los primeros les heredaron presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y senadurías.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

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