Soya transgénica: una batalla ganada

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Varias veces nos hemos referido en esta columna a la oposición de grupos campesinos organizados a la siembra de soya transgénica en los estados de la península de Yucatán, por el grave —gravísimo— peligro que representa para la apicultura, actividad fundamental para más de 20 mil agricultores y sus familias. El problema es que la miel producida en las zonas donde se realicen tales siembras puede contaminarse con polen de la soya transgénica, y ello impediría su comercialización en Alemania y otros países de Europa, principales mercados de la miel peninsular.

Por Juan José Morales

Los apicultores serían los más afectados por la siembra de soya transgénica de la transnacional Monsanto, pues la miel contaminada con polen de esa variedad de plantas no puede venderse en muchos países. Además, para cultivar esta clase de soya se usan dosis masivas del herbicida glifosato —producido por la propia Monsanto—, que aniquila a otras plantas.

Pues bien, esa lucha ha rendido frutos: en respuesta a una demanda presentada por habitantes de los poblados de Pac-chen y Cancabchen, del municipio de Hopelchén, el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche les concedió un amparo que suspende la autorización otorgada en junio de 2012 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación —Sagarpa para abreviar— para la siembra por tiempo indefinido de dicha variedad de soya en más de un cuarto de millón de hectáreas de siete estados de la República, entre ellos los tres de la península.

La prohibición de hacer tal cosa, según especifica el fallo del juez, no se limita a las tierras de las comunidades que solicitaron el amparo, sino que comprende todo el territorio de Campeche. Con este antecedente, es de esperarse que se otorguen otorgarse amparos similares a las numerosas organizaciones de Yucatán y Quintana Roo que los han solicitado.

Un detalle muy importante de esta resolución, es que el juez consideró que, tal como habían alegado los campesinos, la Sagarpa violó su derecho a ser debidamente informados y a participar en una consulta libre sobre los usos que se darán a su tierra y su territorio. O, dicho en otros términos, fue la clásica imposición “desde arriba”, atropellando derechos básicos de las comunidades campesinas. Esto también lo reconoce el juez al señalar en su resolución que “la protección efectiva de los derechos reconocidos a los indígenas requiere que se garantice el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia”.

Debe señalarse también que la autorización de la Sagarpa se dio con base en un amañado y tendencioso aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ignoró olímpicamente tres dictámenes en contra, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). Los científicos de las tres instituciones, todas ellas organismos del gobierno y por sus funciones y naturaleza protectoras y defensoras del medio ambiente, desaconsejaron la siembra de soya transgénica. Pero, como se dice en el lenguaje popular, la Sagarpa se pasó sus opiniones por el arco del triunfo, a fin de favorecer a la transnacional Monsanto, productora de las semillas genéticamente modificadas que se utilizarían en los sembradíos.

 

Si la Conabio, la Conanp y el INE consideran riesgosa la siembra de soya transgénica, no es sólo por la posible afectación a la producción de miel, sino también porque en ese cultivo se usan dosis masivas del herbicida glifosato —producido por la propia Monsanto— y esta sustancia puede ocasionar graves alteraciones ambientales.

 

En fin, se ha ganado una batalla en la defensa de la apicultura y la agricultura tradicional, pero la guerra todavía prosigue.

 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

 

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