PRI y PVEM contra el medio ambiente

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No deja de ser irónico y contradictorio que el candidato del Partido Verde Ecologista de México a senador por Quintana Roo, el tal Jorge Emilio González Martínez, tenga como objetivo echar atrás la llamada Ley del Mangle, que fue establecida a fin de proteger y conservar ese ecosistema de vital importancia para la costa de Quintana Roo, y cuya destrucción tendría graves consecuencias no sólo para el medio ambiente sino para la industria turística en particular.

Esto era un hermoso manglar que albergaba miles de aves acuáticas. Fue arrasado para construir Puerto Cancún, que además resultó un fracaso. Escenas como esta se repetirían si se anula o hace más laxa la Ley del Mangle, según intentan los candidatos del PRI y el partido dizque ecologista.

Quizá El Niño Verde —como se conoce a dicha persona— niegue haber dicho tal cosa. Y así es en efecto. No lo ha dicho, como tampoco ha dicho nada durante su campaña electoral, en la cual —según señalamos hace poco— se mantiene callado y escondido. Quien lo ha manifestado, es su compañero de candidatura, el ex gobernador Félix González Canto, quien da la cara en nombre de la coalición PRI-PVEM que postula a la senaduría al verde infante.

En efecto, en una declaración que de inmediato motivó la protesta de numerosas organizaciones ambientalistas, González Canto dijo que “Quintana Roo está en una lista de los estados más caros y más complicados para inversión y la razón son las leyes ambientales; hay un exceso que está frenando la inversión y que está frenando proyectos importantes”.

Su intención es obvia: anular o modificar el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que protege al manglar.

Así se asienta en un boletín del Centro Mexicano de Derecho Ambiental firmado por los doctores Lorenzo Manuel Bozada Robles y Jorge Herrera Silveira, investigador del CINVESTAV, y respaldado por una docena de agrupaciones conservacionistas.

Como decíamos, el manglar es de enorme importancia para mantener en buen estado la zona costera no sólo en Quintana Roo sino en toda la península de Yucatán, pues interactúa con los humedales, las dunas, las playas, las praderas submarinas, las selvas, los arrecifes coralinos y los demás ecosistemas que conforman el ambiente en el cual se desarrolla la actividad turística. Por eso resulta absurdo pretender sacrificarlo sólo para que grandes inversionistas puedan construir más fácilmente sus hoteles.

Por otro lado, y contra lo que se dice, el artículo 60 TER no impide la construcción de establecimientos turísticos ahí donde existen manglares. Solamente establece como condición para ello que al hacerlo no se afecte “la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia”, para evitar el deterioro de la zona costera. Con un buen diseño de la obra, y con adecuadas técnicas de construcción, ello es perfectamente factible. Ciertamente, le costará más a los empresarios, pero es lo menos que puede pedírseles si quieren hacer negocios.

No puede aceptarse —como pretenden los candidatos del PRI y del dizque ecologista PVEM— que se destruyan los manglares so pretexto de facilitar la inversión extranjera y abrir fuentes de trabajo. El desarrollo económico puede lograrse con pleno respeto a las leyes de protección al ambiente y sin acabar con nuestros recursos naturales.

El artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre fue una respuesta —tardía por lo demás— ante la devastación causada en la zona costera del Caribe mexicano —y en otros lugares del país— por una política de desarrollo desenfrenado y depredador que hipotecó nuestro futuro ambiental. Dar marcha atrás por mezquinos intereses personales —incluidos los de la familia del Niño Verde, que como hemos dicho, posee terrenos en Quintana Roo— sería acabar definitivamente con lo poco que nos ha quedado y de lo cual depende que pueda seguir habiendo actividad turística.

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

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